El parque de viviendas en Tamajón, con aproximadamente 427 unidades censadas, presenta una dicotomía clara. Por un lado, encontramos construcciones tradicionales de piedra y muros gruesos que, aunque ofrecen inercia térmica, carecen de aislamientos modernos, lo que suele resultar en calificaciones E o F. Por otro lado, las viviendas de segunda residencia construidas entre 1990 y 2007 suelen situarse en la letra E debido a normativas térmicas menos exigentes que las actuales. Dado que Tamajón se ubica en la zona climática D3, la demanda de calefacción es el factor crítico. Para mejorar la letra y alcanzar una D o C, las intervenciones más recomendadas incluyen la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, así como la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El registro de los certificados en Tamajón se gestiona a través de la Dirección General de Transición Energética de Castilla-La Mancha. El marco legal estatal lo establece el RD 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos, como edificios de más de 500 m² o viviendas destinadas a alquiler vacacional de corta duración. En esta comunidad autónoma, el registro es obligatorio y conlleva el pago de una tasa administrativa de 16,32 euros para viviendas individuales. Una vez registrado, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Toda la tramitación debe estar respaldada por el informe firmado por el técnico y los archivos XML generados por el software oficial reconocido por el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Tamajón al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de entre 300 y 600 euros. Las infracciones graves, como vender o alquilar el inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000 euros. En casos de falseamiento de datos, las multas llegan hasta los 6.000 euros. Además del riesgo económico, la ausencia del CEE puede paralizar una firma ante notario, ya que este requerirá el código de registro oficial para elevar el contrato a escritura pública, protegiendo así los derechos del consumidor.