La normativa española, a través del RD 390/2021, estipula que solo técnicos competentes pueden emitir esta certificación. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. Para una vivienda en Casla, contar con un técnico que conozca las particularidades constructivas de Segovia es una garantía de precisión.
Nuestros técnicos realizan una inspección al inmueble exhaustiva donde se miden fachadas, se analizan los puentes térmicos y se identifican los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. No se trata solo de un trámite burocrático, sino de un estudio técnico que garantiza que la calificación de tu vivienda es la que realmente le corresponde por sus características físicas y de instalaciones.
Casla cuenta con un censo de 341 viviendas, donde predominan las tipologías unifamiliares y las construcciones tradicionales de piedra o ladrillo. Dado que una gran parte del parque fue edificada antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación más frecuente en la zona oscila entre las letras E y G.
La ubicación en la zona climática D3 penaliza la calificación si el aislamiento no es óptimo, debido a la alta demanda de calefacción durante los meses de invierno. Para mejorar la letra en Casla, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, o la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El registro del certificado es obligatorio en Castilla y León para que el documento tenga validez legal. El organismo encargado es el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Junta de Castilla y León. El proceso se realiza de forma telemática y requiere el pago de la tasa correspondiente de 29,10€ para viviendas unifamiliares o pisos.
Este registro asegura que los datos del inmueble se incorporan a la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin el resguardo de presentación y la etiqueta oficial que emite el EREN, el certificado no puede ser utilizado para la venta o alquiler, y el propietario se expone a sanciones administrativas graves.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto respecto a la eficiencia energética. En Casla, no disponer del certificado vigente al anunciar una propiedad en portales inmobiliarios puede acarrear multas leves de entre 300€ y 600€. Si se realiza una venta sin entregar el certificado al comprador, la infracción se considera grave, con multas que pueden alcanzar los 1.000€.
En casos de falseamiento de datos u ocultación deliberada, las sanciones muy graves pueden llegar hasta los 6.000€. Además de la multa económica, el contrato de arrendamiento o la escritura de compraventa podrían ser impugnados por el receptor del inmueble, generando un problema legal y financiero considerable para el vendedor.