De acuerdo con la normativa vigente, solo los técnicos competentes pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. En Solana de Ávila, trabajamos con profesionales que conocen profundamente el parque inmobiliario rural de la provincia de Ávila. El técnico debe realizar obligatoriamente una inspección al inmueble para tomar datos sobre la envolvente térmica (muros, ventanas, cubiertas) y las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Este rigor técnico asegura que la calificación obtenida sea real y que las recomendaciones de mejora propuestas sean viables para el clima de la zona D3.
El parque inmobiliario de Solana de Ávila cuenta con 542 viviendas, de las cuales una gran parte responde a la arquitectura tradicional de la zona o a construcciones unifamiliares de mediados del siglo XX. Debido a la antigüedad media de las edificaciones, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen presentar pérdidas de calor por falta de aislamiento en muros de piedra o carpinterías antiguas. Para mejorar la letra en el certificado energético Solana de Ávila, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la actualización de sistemas de calefacción por calderas de biomasa o aerotermia, muy eficientes en entornos rurales de montaña.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que regula las condiciones básicas para la certificación. En el ámbito regional, el órgano competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Tras la visita técnica y la realización del informe, el documento debe inscribirse en el registro oficial de la comunidad para obtener la etiqueta energética. Este registro garantiza que el inmueble cumple con los estándares exigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El certificado tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización legislativa.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En Solana de Ávila, las multas pueden oscilar entre los 300€ y los 6.000€. Las infracciones leves incluyen anunciar el alquiler o venta de una vivienda sin mencionar su calificación energética. Las infracciones muy graves, como falsear el resultado del certificado, conllevan las sanciones más altas. Además de la multa económica, la ausencia del certificado puede paralizar una venta en notaría o ser motivo de rescisión de un contrato de alquiler por parte del arrendatario, ya que se considera un derecho de información al consumidor.