El parque de 654 viviendas de Santiago del Tormes se caracteriza por una tipología mayoritariamente rural y unifamiliar. Gran parte de las construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E, F y G. Al encontrarse en una zona de montaña con inviernos prolongados, las mayores pérdidas de energía se producen por la falta de rotura de puente térmico en ventanas y la ausencia de aislamiento en cámaras de aire. Para mejorar la letra y alcanzar una D o C, las recomendaciones más efectivas en esta zona de Ávila incluyen el trasdosado interior de muros de piedra y la sustitución de calderas antiguas por sistemas de biomasa o aerotermia, aprovechando las ayudas a la rehabilitación energética vigentes en Castilla y León.
La normativa que regula este trámite es el RD 390/2021 a nivel nacional, transpuesto en la comunidad a través de la gestión del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Es obligatorio registrar el certificado en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de la comunidad para que la etiqueta tenga validez legal. Sin este registro, el documento es simplemente un informe técnico sin efectos jurídicos. La administración autonómica realiza inspecciones aleatorias para verificar la veracidad de los datos aportados. El propietario tiene la obligación de conservar el documento original durante sus 10 años de validez (o 5 años si la calificación obtenida es una G), entregando siempre una copia al inquilino o el original al comprador en caso de transmisión de la propiedad.
No disponer del certificado energético en Santiago del Tormes puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar un inmueble en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender o alquilar sin entregar el certificado válido, pueden ascender hasta los 1.000€. En casos muy graves, como la falsificación de la etiqueta, las multas alcanzan los 6.000€. Además de la sanción económica, el contrato de alquiler podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría paralizarse en la notaría, generando retrasos y costes adicionales muy superiores al precio del propio certificado.