De acuerdo con la normativa vigente, solo los técnicos competentes pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. Para una localidad con la arquitectura de Santo Tomé del Puerto, es fundamental contar con un profesional que comprenda las particularidades de los sistemas constructivos locales.
El técnico tiene la responsabilidad de realizar una inspección al inmueble obligatoria para tomar medidas, revisar la envolvente térmica (muros, ventanas y cubiertas) y analizar los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria. No confíes en servicios que prometen el certificado sin desplazamiento, ya que el RD 390/2021 exige la presencia física del profesional para garantizar la veracidad de los datos recogidos.
Santo Tomé del Puerto presenta un parque inmobiliario compuesto por unas 830 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares y las construcciones de tipología rural, muchas de ellas anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79). Debido a su ubicación en la zona climática D3, con una altitud considerable y temperaturas invernales bajas, la calificación más habitual en los inmuebles antiguos suele oscilar entre las letras E y G.
Las viviendas construidas entre 2007 y 2020 suelen alcanzar calificaciones D o C, mientras que la obra nueva o rehabilitaciones integrales pueden llegar a la B o A. Para mejorar la letra en esta zona, las intervenciones más eficaces suelen ser el aislamiento por el exterior (SATE), el cambio de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, que aprovechan mejor los recursos en entornos rurales.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que regula la certificación de eficiencia energética a nivel nacional. En el ámbito autonómico, el órgano competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), encargado de gestionar el registro CEREN.
Es obligatorio registrar el certificado para que tenga validez legal. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. La validez máxima del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan la importancia de este trámite para fomentar la descarbonización del parque edificado español de aquí a 2050.
No disponer del certificado energético en vigor puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Por no mencionar la calificación en anuncios de portales como Idealista o Fotocasa.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado original al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear el resultado del certificado o actuar como certificador sin ser técnico competente.
En Santo Tomé del Puerto, dada su relevancia en el sector de segunda residencia y turismo rural, las inspecciones suelen ser más frecuentes en anuncios digitales, por lo que es vital tener la etiqueta antes de publicar cualquier oferta.