El parque de viviendas de Samboal es predominantemente de carácter rural y unifamiliar, con una mezcla de casas tradicionales de adobe o piedra y construcciones más recientes de ladrillo. Dado que una parte importante de las 398 viviendas existentes fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, la calificación más frecuente suele situarse en las letras E, F o G. Estos inmuebles suelen presentar deficiencias en el aislamiento de muros y ventanas antiguas de madera o aluminio sin rotura de puente térmico. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas que han incorporado calderas de pellets o trasdosados de lana de roca pueden alcanzar fácilmente una letra D o C, mejorando notablemente su valor en el mercado inmobiliario de Segovia.
El marco normativo que rige en Samboal es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y las disposiciones específicas de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de gestionar estas certificaciones es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que gestiona el registro CEREN. Una vez el técnico registra el certificado, el sistema emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Este registro es público y obligatorio para que cualquier contrato de compraventa o arrendamiento ante notario tenga validez legal en toda la comunidad autónoma.
La carencia del certificado energético para anunciar, vender o alquilar una vivienda en Samboal conlleva sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como certificador sin ser técnico competente.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino, generando un riesgo jurídico innecesario para el propietario.