El parque de viviendas en Salillas de Jalón, compuesto por unas 256 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de viviendas unifamiliares en el casco rural y algunas construcciones de segunda mitad del siglo XX. Debido a su antigüedad, la mayoría de estos inmuebles suelen obtener una calificación energética E o G, especialmente si no han reformado sus cerramientos o sistemas de calefacción.
Al estar en la zona climática D3, las viviendas sufren una gran demanda de energía en invierno. Las mejoras más efectivas para subir de letra en Salillas de Jalón incluyen el trasdosado de muros con aislante mineral y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos. Una vivienda rehabilitada bajo criterios de eficiencia puede reducir su factura energética hasta en un 40%, mejorando notablemente su valor de mercado.
La normativa que regula la eficiencia energética en Salillas de Jalón se basa en el RD 390/2021 a nivel estatal y en las directrices de la Dirección General de Energía y Minas de la Diputación General de Aragón (DGA). Es obligatorio registrar el informe técnico en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Aragón para que el documento sea legalmente vinculante.
Este registro permite obtener la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, a excepción de los certificados con calificación G, cuya validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa. Como fuentes de referencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE establecen que este documento es indispensable tanto para el anuncio publicitario del inmueble como para el contrato de compraventa o arrendamiento.
No disponer del certificado energético en Salillas de Jalón puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por no entregar el certificado al comprador o arrendatario en el momento de la firma.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como certificador sin ser técnico competente.
Además de la multa, la falta de este documento puede paralizar una venta en notaría o dar pie a la rescisión del contrato de alquiler por parte del inquilino al no cumplirse con las obligaciones de transparencia informativa. Evita sanciones contratando tu técnico aquí.