Revellinos cuenta con un parque de aproximadamente 223 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de tipología rural. Gran parte de estas edificaciones fueron construidas antes de la entrada en vigor de la normativa de aislamiento térmico de 1979 (NBE-CT-79), lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, las viviendas sufren pérdidas térmicas considerables en invierno. Las mejoras más efectivas en este entorno suelen ser la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas de rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como la actualización de calderas antiguas por sistemas de condensación o aerotermia. Una vivienda rehabilitada en Revellinos puede alcanzar fácilmente una letra C o D, lo que aumenta significativamente su valor de mercado y el confort de sus habitantes.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, pero la gestión administrativa recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Este organismo es el encargado de supervisar el registro de certificaciones de eficiencia energética de edificios. En Revellinos, como en toda la comunidad, el registro se realiza de forma telemática a través de la aplicación CERES. Una vez finalizado el proceso, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro, ya que será solicitado por el registrador de la propiedad en caso de venta o por el arrendatario en caso de alquiler.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger los derechos de los consumidores. No disponer del CEE Revellinos al anunciar la vivienda en portales como Idealista o Fotocasa se considera una infracción leve, con multas que oscilan entre los 300€ y 600€. Vender una propiedad sin entregar el certificado original al comprador se tipifica como infracción grave, pudiendo alcanzar multas de hasta 1.000€. En casos de falsedad documental o reincidencia, las sanciones muy graves pueden llegar a los 6.000€. Además de la multa económica, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, alegando falta de información sobre las calidades energéticas del inmueble, lo que generaría un problema legal de gran envergadura para el propietario.