El parque de viviendas en Remolinos, compuesto por unas 633 unidades, presenta una mezcla entre casas de pueblo tradicionales y construcciones de finales del siglo XX. Debido a que gran parte del casco urbano fue edificado antes de la normativa de aislamiento de 1979, la calificación energética más frecuente suele situarse entre las letras E y G. Las viviendas unifamiliares con muros de carga de gran espesor mantienen bien la inercia térmica, pero suelen flaquear en el aislamiento de cubiertas y ventanas. En la zona climática D3, las mejoras que más impacto tienen en la letra del certificado son el trasdosado de muros exteriores y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia, que pueden elevar la calificación hasta una C o B en rehabilitaciones integrales.
El marco legal que regula la certificación en Remolinos es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón. El órgano competente encargado de gestionar los expedientes es la Dirección General de Energía y Minas, a través del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón. La validez máxima del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es obligatorio que el propietario conserve el original y entregue una copia al comprador o la exhiba al arrendatario antes de la firma de cualquier contrato de arrendamiento.
Carecer del certificado energético en Remolinos puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler de un piso en portales como Idealista o Fotocasa sin mencionar la calificación, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender un inmueble sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que las muy graves (falsificar el resultado) llegan hasta los 6.000€. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el nuevo ocupante, generando un problema legal mayor para el propietario.