De acuerdo con el RD 390/2021, solo los técnicos competentes pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. En nuestra red, contamos con profesionales con amplia experiencia en la provincia de Zamora que conocen perfectamente la arquitectura tradicional de la zona de Tierra de Campos. La inspección al inmueble es obligatoria; el técnico debe personarse en la vivienda en Prado para realizar la toma de datos de cerramientos, ventanas, sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. Contratar a un técnico cualificado le asegura que las recomendaciones de mejora sean realistas y útiles para revalorizar su propiedad.
El parque de viviendas de Prado, compuesto por 62 unidades, refleja la realidad de muchos núcleos rurales de Castilla y León. La tipología predominante es la vivienda unifamiliar de arquitectura tradicional, con muros de carga de gran espesor pero, en ocasiones, con deficiencias en el aislamiento térmico. Debido a la antigüedad media de las construcciones, muchas de ellas anteriores a la normativa NBE-CT-79, la calificación más frecuente suele oscilar entre la E y la G.
Para mejorar esta letra en la zona climática D3, las intervenciones más eficaces suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento mineral, la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas con rotura de puente térmico y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
Toda certificación en Prado debe seguir las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el ámbito regional, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) es el organismo encargado de gestionar el registro de certificados. Tras la inspección al inmueble y la firma del técnico, el documento se registra mediante el Modelo 046, previo pago de la tasa correspondiente de 20,20€. Una vez validado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes no cumplan con la obligación de disponer del certificado. En Prado, las multas pueden clasificarse en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear el resultado del certificado o actuar como certificador sin serlo.
Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor del inmueble, lo que supone un riesgo jurídico innecesario para el propietario.