Piqueras del Castillo cuenta con un parque inmobiliario de unas 119 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de tipología rural y algunas edificaciones de segunda residencia. La antigüedad media de muchas de estas construcciones, anteriores a la NBE-CT 79, sitúa la calificación más frecuente entre las letras E y G. Al encontrarse en la zona climática D3, el consumo energético en invierno es elevado. Para mejorar la letra y aumentar el valor de mercado, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento de lana de roca o poliestireno, y la sustitución de ventanas antiguas por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Un inmueble con calificación D o superior en esta zona es altamente valorado por el ahorro en facturas de calefacción que supone para el inquilino.
La normativa que regula la eficiencia energética en la región se apoya en el marco estatal del RD 390/2021. En Castilla-La Mancha, el organismo encargado de gestionar estos expedientes es la Dirección General de Transición Energética. El proceso de registro es obligatorio para que el certificado tenga validez legal; un documento sin su correspondiente número de registro y etiqueta oficial no es válido para su presentación en notarías. Es importante destacar que el certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE subrayan la importancia de este trámite para fomentar la descarbonización del parque edificado español.
No disponer del certificado energético en Piqueras del Castillo al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones leves, como anunciar el inmueble sin mencionar su calificación, conllevan multas de entre 300€ y 600€. Las graves, como vender o alquilar sin entregar el certificado al destinatario, pueden alcanzar los 1.000€. En casos muy graves, donde se falsee la información, las multas llegan hasta los 6.000€. Además de la sanción económica, la ausencia de este documento puede paralizar una venta en el momento de la firma ante notario o permitir que un inquilino rescinda el contrato de alquiler por incumplimiento de los requisitos legales de habitabilidad y transparencia informativa.