El parque de viviendas de Buenache de Alarcón, compuesto por unas 770 unidades, presenta una tipología mixta entre el casco antiguo rural y construcciones más recientes. Gran parte de las viviendas unifamiliares fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas bajas, predominantemente letras E, F o G. Esto se debe a la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo y a ventanas de vidrio sencillo. Sin embargo, en rehabilitaciones recientes o viviendas de post-2007, es común alcanzar letras D o C. Para mejorar la nota en esta zona climática, las recomendaciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, aprovechando los recursos locales.
El registro de los certificados en Buenache de Alarcón se realiza de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente en el área de Transición Energética. Este trámite es obligatorio para que el certificado tenga validez legal ante terceros. La normativa regional exige que toda oferta, promoción o publicidad de venta o alquiler incluya la etiqueta energética. El cumplimiento del Real Decreto 390/2021 asegura que el propietario está protegido jurídicamente. Una vez registrado, el certificado tiene una validez de 10 años, salvo en casos donde la calificación sea una G, en cuyo caso la validez máxima se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos registros mantengan los estándares de calidad europeos.
No disponer del certificado energético en vigor al anunciar un piso en portales inmobiliarios o al formalizar una venta en Buenache de Alarcón puede acarrear sanciones económicas importantes. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la vivienda sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado original al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear el resultado del certificado o actuar como técnico sin serlo.
En una localidad con mercado de alquiler residencial y segundas residencias, la inspección administrativa es cada vez más frecuente para garantizar los derechos de los consumidores.