El municipio de Pertusa cuenta con un parque inmobiliario de aproximadamente 106 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional y algunas casas de labranza rehabilitadas. Dada la antigüedad media de muchas de estas construcciones, la mayoría situadas en el núcleo rural, es frecuente encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E, F y G. Esto se debe principalmente a la ausencia de aislamiento térmico en muros y a la presencia de carpinterías antiguas de madera o aluminio sin rotura de puente térmico. Al estar en la zona climática D1, las viviendas con muros gruesos de piedra pueden ofrecer una inercia térmica interesante, pero suelen penalizar en el consumo de energía primaria no renovable por sistemas de calefacción obsoletos. Las reformas más efectivas en esta zona para subir de letra suelen ser el trasdosado interior con lana mineral y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa.
La normativa que regula la eficiencia energética en Pertusa emana directamente del RD 390/2021 a nivel nacional, pero su ejecución administrativa depende del Gobierno de Aragón. El órgano encargado de gestionar estos expedientes es el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón, dependiente de la Dirección General de Energía y Minas. En esta comunidad, el registro es un paso indispensable para que el certificado tenga validez legal ante notario. La tasa administrativa actual para una vivienda unifamiliar o piso se sitúa en torno a los 22,36€. Es importante recordar que toda oferta publicitaria de venta o alquiler en portales inmobiliarios debe mostrar obligatoriamente la etiqueta energética, citando tanto el consumo de energía como las emisiones de CO2, tal como indica el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Pertusa durante el proceso de comercialización de una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las multas se dividen en tres niveles: las leves (de 300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (de 601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario; y las muy graves (de 1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una localidad como Pertusa, donde el mercado de segunda mano es el principal motor inmobiliario, la falta de este documento puede paralizar una firma ante notario, ya que estos profesionales tienen la obligación de exigir el certificado original y el justificante de registro en el momento de la escritura pública de compraventa.