Peleas de Abajo cuenta con un parque inmobiliario compuesto por unas 130 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de tipología rural y construcciones de mediados del siglo XX. Debido a la antigüedad media de estas edificaciones, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. Esto se debe principalmente a la ausencia de aislamiento térmico en cámaras de aire y al uso de carpinterías metálicas sencillas. Sin embargo, las reformas realizadas en la última década, como la instalación de calderas de pellets o el cambio a ventanas de PVC con rotura de puente térmico, han permitido que muchos inmuebles alcancen la letra D. En esta zona climática D3, mejorar el aislamiento en cubiertas y sustituir sistemas de calefacción antiguos por aerotermia son las acciones que más incrementan la eficiencia, pudiendo subir hasta dos letras en la escala energética, lo que revaloriza significativamente la propiedad en el mercado de Zamora.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que transpone las directivas europeas sobre eficiencia. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre la Junta de Castilla y León a través del Ente Regional de la Energía (EREN). Es obligatorio registrar el certificado en su plataforma oficial para que se emita la Etiqueta Energética, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto si la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. El proceso de registro requiere el pago de una tasa pública, que en el caso de viviendas individuales se sitúa en torno a los 29,10 euros. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos registros cumplan con los estándares de calidad, asegurando que la información de consumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2 sea veraz para el consumidor final.
No disponer del certificado energético en Peleas de Abajo al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en tres niveles: las leves (300€ a 600€) por anunciar sin mencionar la calificación; las graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una localidad de pequeña escala, el control suele intensificarse en las transacciones oficiales ante notario y en la publicación en portales como Idealista o Fotocasa, que bloquean anuncios sin etiqueta válida. Además de la multa, el contrato de alquiler podría ser impugnado por el inquilino, generando una inseguridad jurídica innecesaria para el propietario.