El parque de viviendas en Obón, compuesto por unas 252 unidades, presenta características típicas de los núcleos rurales aragoneses. Predominan las construcciones unifamiliares de muros de carga de gran espesor y viviendas rehabilitadas. Debido a la antigüedad de gran parte de estas construcciones (muchas anteriores a la normativa NBE-CT 79), la calificación energética más habitual oscila entre las letras E y G. Las viviendas que han actualizado sus ventanas a sistemas de doble acristalamiento o han sustituido calderas de gasoil por biomasa o aerotermia pueden alcanzar calificaciones D o C. En esta zona climática B3-C2, mejorar el aislamiento de cubiertas y el trasdosado de muros exteriores son las medidas que más impacto positivo tienen para subir de letra en la escala de eficiencia energética.
El marco normativo que regula el certificado en Obón es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por las disposiciones del Gobierno de Aragón. El órgano encargado de la gestión es el Registro de Certificación Energética de Edificios de Aragón, dependiente del Departamento de Industria. Para que el certificado sea válido, el técnico debe presentar el archivo .xml generado y abonar la tasa correspondiente. Este registro es indispensable para que el propietario reciba la Etiqueta Energética Oficial, que es el documento que se debe mostrar en cualquier anuncio publicitario en portales inmobiliarios. La base de datos del IDAE y del Ministerio para la Transición Ecológica recopilan estas estadísticas para el control del ahorro energético nacional.
No disponer del certificado energético en Obón durante la venta o alquiler de un inmueble conlleva riesgos legales y financieros importantes según la Ley 8/2013. Las sanciones se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, y el propietario se vería obligado a indemnizar por daños y perjuicios. En una localidad con actividad de turismo rural como Obón, el control administrativo sobre la etiqueta energética en plataformas digitales es cada vez más riguroso.