El parque de viviendas de Navaquesera, compuesto por unas 96 unidades, refleja la arquitectura tradicional de la zona de Gredos y el Valle del Alberche. Al tratarse de construcciones mayoritariamente anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G. Estos inmuebles suelen presentar muros de piedra o ladrillo sin aislamiento térmico suficiente para la zona climática D3, lo que provoca grandes pérdidas de calor en invierno. Las viviendas rehabilitadas recientemente que han incorporado ventanas de doble acristalamiento con rotura de puente térmico y calderas de condensación o sistemas de biomasa pueden aspirar a una calificación D o incluso C. Mejorar el aislamiento de la cubierta es la medida más efectiva en esta zona para subir un escalón en la escala energética y reducir la factura de calefacción hasta un 30%.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Tras la inspección, es obligatorio inscribir el certificado en el registro oficial para que tenga validez legal frente a notarios y registradores. La tasa administrativa actual en la comunidad es de las más económicas de España, fijándose habitualmente en torno a los 2,91 euros para viviendas individuales. Una vez registrado, recibirá la etiqueta energética, un documento con un código QR y un número de registro único que debe incluirse en cualquier anuncio de venta o alquiler en portales inmobiliarios.
La ausencia del certificado energético Navaquesera durante el proceso de comercialización de un inmueble puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en tres niveles: las leves (300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una provincia como Ávila, las inspecciones de consumo están aumentando, especialmente en propiedades destinadas al alquiler vacacional o de larga duración. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser anulado por el inquilino debido al incumplimiento de los requisitos legales del propietario.