El parque inmobiliario de Montilla, compuesto por unas 11.690 unidades, presenta una gran diversidad. En el casco histórico y zonas consolidadas, predominan las casas de pueblo y edificios construidos antes de la normativa térmica de 1979, donde es habitual obtener calificaciones E, F o G debido a la falta de aislamiento en muros de carga y ventanas antiguas. Por otro lado, las viviendas construidas entre 1980 y 2007 suelen situarse en una letra E o D. Para los inmuebles situados en la zona climática D3, las mejoras más efectivas para subir de letra incluyen la instalación de trasdosados con aislamiento de lana de roca y la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos. Una vivienda con calificación B o A es poco frecuente en Montilla, salvo en edificios de obra nueva que incorporan aerotermia y altos espesores de aislamiento térmico.
El marco normativo que regula el CEE en Montilla es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, y las disposiciones específicas de la Junta de Andalucía. El órgano encargado de gestionar estos documentos es el Registro Andaluz de Certificados de Eficiencia Energética, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas. El proceso de registro es telemático y requiere la firma digital del técnico competente. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro, ya que es el documento que los notarios solicitan en el momento de la firma de una compraventa en la provincia de Córdoba.
El incumplimiento de la normativa sobre certificación energética puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En Montilla, las multas se dividen en tres niveles: las leves (de 300€ a 600€) por anunciar un inmueble sin mencionar su calificación; las graves (de 601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y las muy graves (de 1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del certificado. Además de la multa, la ausencia del CEE puede provocar la rescisión del contrato de alquiler o la paralización de una venta ante notario. Dado el creciente control en portales como Idealista o Fotocasa, disponer del certificado vigente es la única forma de evitar inspecciones de consumo en la región.