Mirueña de los Infanzones cuenta con un parque de 231 unidades inmobiliarias, compuesto mayoritariamente por viviendas unifamiliares de construcción tradicional y algunas rehabilitaciones recientes. Debido a que gran parte del parque fue construido antes de la entrada en vigor del primer Código Técnico de la Edificación (CTE 2006), la calificación más frecuente en la zona oscila entre las letras E y G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo antiguo y a sistemas de calefacción por biomasa o gasoil antiguos. En la zona climática D3, las mejoras más efectivas para subir la letra de la etiqueta energética suelen ser la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, así como el trasdosado interior de fachadas con aislante térmico.
La normativa que regula la eficiencia energética en Mirueña de los Infanzones se basa en el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión corresponde a la Junta de Castilla y León a través del EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León). Es obligatorio que el certificado esté inscrito en este registro oficial para que tenga validez legal ante terceros. La tasa administrativa actual para viviendas es de 29,10€, y una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética que debe acompañar a cualquier oferta comercial del inmueble. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, salvo en casos de calificación G, donde la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente.
Carecer del certificado energético en Mirueña de los Infanzones al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar un inmueble sin mencionar su calificación, conllevan multas de 300€ a 600€. Las graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden ascender hasta los 1.000€. En casos de falsedad documental, las multas alcanzan los 6.000€. Además de la sanción económica, la ausencia del CEE puede paralizar una venta en notaría o ser motivo de rescisión de un contrato de alquiler por parte del inquilino, ya que se considera un derecho de información del consumidor.