La normativa vigente estipula que solo técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. Para una vivienda en San Martín de la Vega del Alberche, es vital que el técnico conozca las particularidades constructivas de la Sierra de Gredos y la arquitectura tradicional de Ávila.
El técnico elegido realizará una inspección al inmueble obligatoria para tomar datos de los cerramientos, muros de piedra, ventanas y sistemas de generación de agua caliente y calefacción. La profesionalidad del técnico garantiza que la calificación obtenida sea justa y refleje la realidad térmica de la construcción, evitando posibles reclamaciones futuras del comprador o inquilino.
El parque de 291 viviendas de San Martín de la Vega del Alberche se compone mayoritariamente de construcciones unifamiliares de piedra y arquitectura tradicional, junto a algunas rehabilitaciones recientes. Dada la antigüedad media del parque y la dureza de la zona climática D3, la calificación más frecuente suele situarse entre las letras E y G.
Para mejorar la letra en esta zona, las intervenciones más eficaces suelen ser el trasdosado de muros con aislamiento térmico y la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas de rotura de puente térmico con doble acristalamiento. Una vivienda con una calificación D o superior en esta zona es altamente valorada, ya que implica un ahorro significativo en biomasa o gasoil de calefacción durante los largos meses de invierno.
La normativa de referencia es el Real Decreto 390/2021, que amplía la obligatoriedad de la certificación. En el ámbito autonómico, la gestión corresponde a la Junta de Castilla y León a través del Ente Regional de la Energía (EREN). El registro es un trámite administrativo obligatorio para que el certificado tenga validez legal ante notario.
Una vez que el técnico registra el archivo generado, la administración emite la etiqueta energética, que tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación sea de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE recomiendan mantener este documento actualizado para acceder a posibles subvenciones de rehabilitación energética disponibles en la comunidad.
No disponer del certificado energético vigente puede acarrear sanciones económicas graves según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por no entregar el certificado al comprador o inquilino.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, alegando falta de información esencial sobre el inmueble.