El parque de viviendas en Merindad de Valdeporres, compuesto por 1.067 unidades, presenta una tipología predominantemente rural con un alto porcentaje de viviendas unifamiliares de piedra o construcción tradicional anteriores a 1980. Debido a la antigüedad de gran parte de estas construcciones y a las exigencias del clima frío en el norte de Burgos, la calificación energética más común se sitúa en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen carecer de aislamiento térmico en cámaras de aire y cuentan con carpinterías sencillas. Para inmuebles rehabilitados o de reciente construcción bajo el CTE post-2007, es posible alcanzar calificaciones C o D. Las mejoras más recomendadas para subir de nivel en esta zona incluyen el trasdosado de muros con lana de roca, el cambio a ventanas con rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El marco legal que regula el certificado energético Merindad de Valdeporres es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y el Decreto 12/2015 a nivel autonómico en Castilla y León. El órgano encargado de gestionar los certificados es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de la comunidad para que tenga validez legal ante notario o en contratos de arrendamiento. Una particularidad importante es que en esta comunidad, la etiqueta energética tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. La documentación entregada incluye el certificado, la etiqueta oficial y el anexo de recomendaciones de mejora.
No disponer del certificado energético en Merindad de Valdeporres ante una venta o alquiler puede derivar en sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por no incluir la etiqueta en anuncios inmobiliarios; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear datos. En un municipio con un mercado de segunda residencia y turismo rural activo, los portales inmobiliarios y las notarías de Burgos son estrictos en la exigencia de este documento. Además de la multa, el contrato de alquiler podría ser impugnado por el arrendatario y el vendedor podría verse obligado a indemnizar al comprador por vicios ocultos relacionados con el gasto energético.