El parque de viviendas de Melgar de Arriba, con unas 220 unidades censadas, se caracteriza por una predominancia de viviendas unifamiliares, muchas de ellas con una antigüedad superior a los 40 años. Debido a que gran parte de estas construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), la calificación más frecuente suele oscilar entre las letras E y G. La zona climática C1 obliga a un consumo elevado de energía para mantener el confort térmico en invierno. No obstante, las viviendas que han renovado sus cerramientos con carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, o aquellas que han sustituido calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o pellets, pueden alcanzar fácilmente una letra D o C. Mejorar el aislamiento en bajo cubierta es una de las medidas más eficaces en este municipio para subir la calificación y reducir la factura energética.
El marco legal que regula la eficiencia energética es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), que es el organismo encargado de supervisar el registro público de certificados. Es obligatorio que el certificado esté debidamente registrado para que tenga validez legal ante terceros. Una vez finalizado el trámite, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. La validez general del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años, incentivando así la rehabilitación energética de los inmuebles menos eficientes del municipio.
No disponer del certificado energético Melgar de Arriba cuando es obligatorio puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves, con multas que van desde los 300€ hasta los 6.000€. Una falta leve sería, por ejemplo, anunciar la venta de una casa en portales como Idealista sin mencionar la calificación. Una falta grave implicaría vender el inmueble sin entregar el certificado al comprador en la notaría. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente. En un entorno rural, donde el mercado de alquiler residencial es estable, contar con este documento vigente es la mejor garantía para evitar conflictos legales y asegurar una transacción fluida.