El parque de viviendas de Lillo cuenta con unas 1.976 unidades, caracterizadas por una mezcla entre unifamiliares tradicionales en el casco urbano y promociones más recientes. Debido a que gran parte del parque inmobiliario fue construido antes de la normativa de eficiencia de 2007, la calificación más frecuente en la zona oscila entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, las viviendas sufren pérdidas térmicas importantes si no cuentan con doble acristalamiento o aislamiento en cámaras de aire. Para mejorar la letra y alcanzar una calificación C o D, las recomendaciones más efectivas en Lillo suelen ser la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, y la instalación de ventanas con rotura de puente térmico. Estas mejoras no solo revalorizan el inmueble, sino que pueden reducir la factura energética hasta en un 40% anual.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre la Dirección General de Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es obligatorio que todo certificado sea inscrito en su registro oficial para que la etiqueta energética Lillo tenga validez legal ante notarios y portales inmobiliarios. El registro garantiza que el informe cumple con los estándares de calidad del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica. Una vez registrado, el documento tiene una validez de 10 años, a excepción de las viviendas con calificación G, que deben renovarse cada 5 años según la última actualización normativa para fomentar la rehabilitación de los edificios menos eficientes.
Vender o alquilar una propiedad en Lillo sin disponer del certificado de eficiencia energética vigente puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética o no renovar el certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado original al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
En municipios como Lillo, el control administrativo es cada vez mayor, especialmente en contratos de alquiler residencial y en las escrituras de compraventa ante notario, donde la falta de este documento puede bloquear la operación.