El parque de viviendas de La Portellada, que suma unas 259 unidades, presenta una tipología predominantemente rural con un fuerte componente de viviendas unifamiliares y casas de pueblo tradicionales. Debido a que gran parte de estas construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979, la calificación energética más habitual oscila entre las letras E y G. Estas viviendas suelen presentar muros de piedra o ladrillo macizo con escaso aislamiento térmico. Para mejorar la etiqueta energética La Portellada, las intervenciones más efectivas en esta zona climática B3-C2 incluyen el trasdosado de fachadas con aislante mineral, la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en el entorno rural aragonés.
Toda certificación en la localidad se rige por el marco estatal del Real Decreto 390/2021, pero la gestión administrativa recae en el Gobierno de Aragón. El órgano competente es la Dirección General de Energía y Minas, que gestiona el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito para que tenga validez legal; de lo contrario, la etiqueta no puede ser utilizada para contratos de compraventa o arrendamiento. Una vez registrado, el documento tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos procedimientos garanticen la transparencia en el mercado inmobiliario de Teruel.
Carecer del certificado energético La Portellada al anunciar, vender o alquilar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar un piso sin mencionar su calificación, conllevan multas de entre 300€ y 600€. Las infracciones graves o muy graves, como falsear el resultado o vender sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 6.000€. En una localidad pequeña, el control puede parecer menor, pero los portales inmobiliarios y los notarios en Teruel están obligados a exigir esta documentación. Además, el comprador podría rescindir el contrato o exigir daños y perjuicios si descubre que la vivienda no cuenta con la certificación obligatoria en el momento de la transmisión.