La Alameda de Gardón es un núcleo rural con un parque de 181 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de tipología tradicional y algunas viviendas de mediados del siglo XX. Debido a que gran parte de estos inmuebles fueron construidos antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2006, la calificación energética más habitual oscila entre las letras E y G.
Al encontrarse en la zona climática D3, los inviernos son rigurosos, lo que penaliza a aquellas viviendas con muros de piedra o ladrillo sin aislamiento térmico y ventanas de vidrio sencillo. Para mejorar la letra en el certificado energético La Alameda de Gardón, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislante, el cambio de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, o la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa.
La normativa que rige la eficiencia energética en España es el Real Decreto 390/2021, pero la gestión de los registros es competencia autonómica. En Castilla y León, el órgano encargado de supervisar estos documentos es el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. El registro es obligatorio para que el certificado tenga validez legal frente a terceros.
Una vez que el técnico registra el documento, la administración emite la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. El incumplimiento de este registro o la falta de veracidad en los datos puede derivar en sanciones administrativas graves. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica establecen los protocolos de cálculo que nuestros técnicos siguen rigurosamente en cada inspección.
No disponer del certificado energético en La Alameda de Gardón al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética o no renovar el certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
En una localidad pequeña, el control suele intensificarse a través de los portales inmobiliarios, que bloquean anuncios que no disponen de la etiqueta verificada, dificultando la comercialización del inmueble.