Ahigal de los Aceiteros es un núcleo rural con un parque de 179 viviendas, donde predominan las construcciones tradicionales de piedra y los unifamiliares de mediados del siglo XX. Debido a la antigüedad de gran parte de los inmuebles (anteriores al código técnico de 2006) y a la dureza de la zona climática D3, la calificación más frecuente suele situarse en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen presentar pérdidas de calor significativas a través de muros sin aislamiento y carpinterías antiguas. Para mejorar la calificación hacia una D o C, las intervenciones más eficaces en la zona incluyen el trasdosado de muros con aislante térmico, el cambio a ventanas con rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales de Salamanca.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, dependiente del EREN. Es obligatorio registrar el certificado para que este tenga validez legal y se emita la etiqueta energética oficial. La tasa actual para una vivienda unifamiliar o piso se sitúa en torno a los 29,10€. Este trámite es esencial, ya que las autoridades locales y autonómicas realizan inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de la directiva europea de eficiencia energética. Todas nuestras gestiones siguen las directrices del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético vigente en Ahigal de los Aceiteros al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves o muy graves, como falsear el resultado del certificado o vender sin entregarlo, pueden alcanzar los 6.000€. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el comprador o inquilino por incumplimiento de los requisitos informativos legales. En una localidad pequeña, el control sobre viviendas de uso turístico o alquileres residenciales ha aumentado, haciendo que el CEE sea la primera defensa jurídica del propietario.