El municipio de Isábena cuenta con un parque de aproximadamente 258 viviendas, donde predominan las construcciones tradicionales de piedra y madera en núcleos como La Puebla de Roda o Roda de Isábena. Debido a la antigüedad de gran parte de estas edificaciones, la calificación energética típica suele situarse entre las letras E y G. Las viviendas construidas antes de 1980 carecen generalmente de aislamiento térmico en cámaras, lo que penaliza la nota final. Sin embargo, en rehabilitaciones recientes se observa una mejora hacia las letras C o D mediante la instalación de calderas de biomasa o bombas de calor de alta eficiencia. Para mejorar la eficiencia en esta zona climática D1, recomendamos el trasdosado interior de muros y la sustitución de carpinterías por vidrios bajo emisivos, lo que puede reducir el consumo energético hasta en un 40%.
El marco legal principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En nuestra comunidad, el órgano encargado de la gestión es la Dirección General de Energía y Minas, dependiente del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. El registro es obligatorio para que el certificado tenga validez legal frente a terceros. Una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. La validez máxima del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente, incentivando así la renovación de los edificios menos eficientes.
La carencia del certificado energético Isábena durante la comercialización de un inmueble puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
En una zona con creciente interés por el turismo rural, el control sobre el CEE es cada vez más estricto por parte de las autoridades administrativas y las plataformas de alquiler vacacional.