El parque inmobiliario de Horcajo Medianero, compuesto por unas 270 unidades, presenta una tipología predominantemente rural con viviendas unifamiliares de muros de carga gruesos y edificios de baja altura. Debido a que gran parte de estas construcciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación energética más común suele situarse entre las letras E y G. Estos inmuebles a menudo carecen de aislamiento térmico en cámaras de aire y cuentan con carpinterías antiguas. Para mejorar la letra y alcanzar niveles C o D, las intervenciones más efectivas en esta zona climática D3 incluyen la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como el trasdosado de muros con lana de roca o poliestireno. Un certificado bien realizado es el primer paso para acceder a subvenciones de rehabilitación energética vigentes en Castilla y León.
El marco legal que regula la certificación en Horcajo Medianero es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. No obstante, la competencia ejecutiva reside en la Junta de Castilla y León, específicamente a través del Ente Regional de la Energía (EREN). Este organismo gestiona el registro público de certificados, donde es obligatorio depositar el informe técnico para que tenga validez legal y se emita la etiqueta energética. La normativa autonómica exige que cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de un edificio o unidad del mismo incluya la etiqueta. La validez del certificado es de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años, obligando a una renovación más frecuente para incentivar la mejora de la eficiencia en los inmuebles menos sostenibles.
El incumplimiento de la obligación de disponer del certificado energético puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En Horcajo Medianero, las multas se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información del registro. Además de las multas, la ausencia de este documento puede paralizar una venta ante notario o provocar la nulidad del contrato de alquiler, ya que el arrendatario podría reclamar daños y perjuicios por la falta de información sobre el consumo energético de la vivienda que habita.