El parque de viviendas de Horcajo de los Montes, compuesto por unas 740 unidades, presenta una tipología predominantemente de viviendas unifamiliares, muchas de ellas construidas antes de la entrada en vigor de la normativa de aislamiento térmico de 1979. Por ello, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E, F y G. Al estar situados en la zona climática D3, los inmuebles sufren una alta demanda de calefacción en invierno. Las viviendas rehabilitadas o construidas tras el 2007 (Código Técnico de la Edificación) suelen alcanzar letras D o C. Para mejorar la letra en Horcajo de los Montes, las acciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento de lana de roca y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento.
El marco normativo nacional está definido por el RD 390/2021, que endureció las obligaciones para edificios de uso público y alquileres de corta duración. En el ámbito autonómico, la gestión corresponde al Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha, dependiente de la Junta de Comunidades. Este organismo es el encargado de supervisar que todos los certificados presentados cumplan con los requisitos técnicos exigidos. Es importante destacar que la etiqueta energética tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de tipo G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. La fuente oficial de referencia para cualquier consulta sobre subvenciones asociadas a la mejora de la eficiencia energética es el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
Carecer del certificado energético en Horcajo de los Montes al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como no incluir la etiqueta en los anuncios de Idealista o Fotocasa, pueden suponer multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000€. En los casos más extremos de falseamiento de datos, las multas llegan hasta los 6.000€. Además del riesgo económico, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la venta podría paralizarse en la notaría si no se aporta el documento vigente y registrado.