Gallegos de Solmirón cuenta con un parque inmobiliario de unas 279 unidades, compuesto mayoritariamente por viviendas unifamiliares de tipología tradicional y algunas construcciones de finales del siglo XX. Debido a su ubicación en la zona climática D3, con inviernos largos y fríos, las viviendas más antiguas sin rehabilitar suelen obtener calificaciones energéticas bajas, predominantemente letras E, F o G.
Para mejorar esta calificación y aumentar el valor del inmueble, las recomendaciones más efectivas en esta zona de Castilla y León suelen centrarse en el aislamiento de cubiertas y fachadas, así como en la sustitución de antiguas calderas de gasóleo por sistemas de aerotermia o calderas de pellets. Una vivienda post-2007 en la zona ya suele alcanzar una letra D o C, mientras que la obra nueva tiende a los estándares de consumo casi nulo (letras A o B).
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que obliga a disponer del certificado para cualquier operación de compraventa o alquiler, además de para edificios públicos de más de 250 m². En la comunidad autónoma, el órgano encargado de la gestión es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que supervisa el registro CEREN.
El registro es un paso jurídico esencial; sin él, el certificado carece de validez legal para ser presentado ante notario. Al finalizar el proceso, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente. Puede consultar más detalles en el portal oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Gallegos de Solmirón al anunciar una vivienda puede conllevar sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres niveles:
- Infracciones leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Infracciones graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Infracciones muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, generando un problema legal y financiero considerable para el propietario.