El parque de viviendas de Fresno del Río, compuesto por 153 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de viviendas unifamiliares tradicionales y construcciones de mediados del siglo XX. Debido a la dureza climática de la zona D1, la calificación más frecuente en estos inmuebles suele oscilar entre la E y la G, especialmente en aquellos construidos antes de la normativa de 1979. Para mejorar esta letra y reducir la factura energética, las intervenciones más efectivas en la zona son el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa. En las escasas promociones de obra nueva o rehabilitaciones integrales posteriores a 2007, es posible alcanzar calificaciones C o B.
La normativa que rige el certificado energético en Fresno del Río es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por las directrices de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de la gestión es el Ente Regional de la Energía (EREN), que supervisa el registro CEREN. La presentación del certificado es obligatoria para el registro, y tras este trámite se obtiene la etiqueta energética que tiene una validez máxima de 10 años. No obstante, si la calificación obtenida es una G, la validez se reduce a 5 años. Es fundamental que el registro sea realizado por el técnico o una entidad autorizada para evitar defectos de forma que invaliden la compraventa o el contrato de arrendamiento.
Carecer del certificado de eficiencia energética en Fresno del Río durante un proceso de venta o alquiler puede acarrear graves consecuencias legales. Según la Ley 8/2013, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas que van desde los 300€ hasta los 6.000€. Una infracción leve común es anunciar un inmueble en portales como Idealista o Fotocasa sin incluir la etiqueta energética. En el caso de una venta, el notario exigirá el certificado original para elevar el contrato a escritura pública. Si usted alquila una vivienda sin entregar el CEE al inquilino, el contrato podría ser impugnado, además de enfrentarse a posibles sanciones de la administración autonómica.