La normativa vigente, específicamente el RD 390/2021, estipula que el certificado debe ser suscrito por un técnico competente. En Fraga, contamos con un equipo de arquitectos, aparejadores e ingenieros colegiados con amplia experiencia en el parque inmobiliario de la comarca del Bajo Cinca. El técnico tiene la responsabilidad de realizar la inspección al inmueble obligatoria, donde tomará medidas, analizará los cerramientos, las ventanas y las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Elegir un profesional con presencia en la provincia de Huesca asegura un conocimiento profundo de la normativa local y una respuesta más rápida ante cualquier requerimiento del órgano autonómico competente. La profesionalidad de un técnico colegiado es la única garantía para evitar sanciones administrativas y asegurar que las recomendaciones de mejora sean realistas y útiles para el ahorro de energía del propietario.
El parque de viviendas de Fraga, compuesto por unas 6.602 unidades, es heterogéneo. En el casco histórico y zonas consolidadas, gran parte de las edificaciones son anteriores a 1980, lo que suele resultar en calificaciones energéticas E, F o incluso G debido a la falta de aislamiento térmico en cámaras de aire. Por otro lado, las nuevas promociones y zonas de expansión muestran una mejora notable, situándose habitualmente en letras C o D. Dado que Fraga se ubica en una zona de transición climática (B3 en el valle y C2 en zonas más elevadas), las viviendas sufren inviernos fríos y veranos muy calurosos. Para subir la letra en esta zona, las mejoras más efectivas suelen ser el trasdosado de paredes exteriores con aislante mineral y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, lo que puede reducir la factura energética hasta en un 40%.
Toda certificación en Fraga debe cumplir con el marco estatal del Real Decreto 390/2021 y gestionarse a través del Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón, dependiente de la Dirección General de Energía y Minas. El órgano autonómico es el encargado de supervisar la veracidad de los datos y emitir la etiqueta oficial que contiene el código de registro y la validez del documento. La tramitación es exclusivamente telemática, lo que permite que una vez el técnico finaliza su trabajo, la presentación sea instantánea. Es fundamental que el propietario reciba no solo el informe del certificado, sino también el justificante de registro y la etiqueta, ya que son los documentos que solicitará el notario en una compraventa o el inquilino en un arrendamiento. Esta gestión está alineada con las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No disponer del certificado energético en Fraga cuando es obligatorio puede acarrear graves sanciones económicas según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear información. En una ciudad como Fraga, con un mercado de alquiler activo para trabajadores estacionales y servicios, la inspección de consumo y los portales inmobiliarios cruzan datos de forma automática. Además de la multa, la ausencia del CEE puede invalidar el contrato de arrendamiento o paralizar una firma ante notario, causando perjuicios mucho mayores que el coste del propio trámite.
Además del certificado de eficiencia energética, los propietarios en Fraga pueden requerir otros documentos técnicos según la antigüedad del edificio. Para inmuebles con más de 50 años, es obligatoria la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que analiza la seguridad estructural. Aunque en Aragón no se exige la cédula de habitabilidad como en otras comunidades, el CEE es el documento base para solicitar subvenciones de rehabilitación energética de los fondos Next Generation, que pueden cubrir hasta el 80% de las reformas que mejoren la eficiencia de la vivienda.