El parque de viviendas de Altorricón, compuesto por unas 731 unidades, presenta una mezcla entre casas de pueblo tradicionales y bloques de viviendas de finales del siglo XX. Debido a que gran parte de la edificación es anterior a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), la calificación más frecuente suele situarse en las letras E o G. En este tipo de inmuebles, las pérdidas de calor por muros de piedra sin cámara de aire o ventanas de vidrio sencillo son comunes. Para mejorar la letra en la etiqueta energética Altorricón, las recomendaciones técnicas suelen centrarse en la instalación de trasdosados con aislante térmico y la sustitución de carpinterías por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, lo que puede elevar la calificación a una D o incluso C en rehabilitaciones integrales.
En Aragón, el registro de certificados de eficiencia energética está gestionado por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo. El cumplimiento del RD 390/2021 es estricto en toda la comunidad, exigiendo que todo anuncio publicitario de venta o alquiler incluya la imagen de la etiqueta oficial. Al finalizar el proceso técnico, el sistema genera un número de registro y la etiqueta con el código de barras oficial de Aragón. Es importante conservar este documento junto con el informe de recomendaciones, ya que tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente desde 2021. Citamos como fuente de referencia el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE para cualquier consulta técnica adicional.
Vender o alquilar una propiedad en Altorricón sin disponer del certificado energético vigente puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como no mencionar la calificación en el anuncio de Idealista o Fotocasa, conllevan multas de entre 300€ y 600€. Las infracciones graves, como vender el inmueble sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€. En casos de falsificación del documento, las multas llegan hasta los 6.000€. Más allá de la sanción económica, la ausencia del CEE puede permitir al inquilino rescindir el contrato de alquiler o al comprador exigir una indemnización por daños y perjuicios al no haber sido informado correctamente sobre los costes energéticos de la vivienda.