Fiscal cuenta con un parque inmobiliario de aproximadamente 391 viviendas, caracterizado por una mezcla de edificaciones tradicionales de piedra y madera propias del Pirineo y promociones más recientes. Debido a la antigüedad de gran parte del núcleo urbano, construida mayoritariamente antes de la entrada en vigor del CTE de 2006, la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G. Estos edificios suelen presentar fugas térmicas significativas y sistemas de calefacción basados en calderas de gasoil o chimeneas tradicionales. Por el contrario, las viviendas unifamiliares rehabilitadas o de obra nueva suelen alcanzar niveles C o D. Para mejorar la letra en esta zona climática, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento de lana de roca y la sustitución de ventanas sencillas por vidrios con rotura de puente térmico y baja emisividad, lo que puede reducir el consumo energético hasta en un 40%.
La normativa que regula la eficiencia energética en Fiscal se basa en el marco estatal del RD 390/2021, pero su ejecución administrativa recae sobre el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. El Registro de Certificación Energética de Edificios de Aragón es el organismo encargado de supervisar y validar todos los certificados emitidos en la comunidad. Es obligatorio que el certificado esté inscrito en este registro para que sea válido legalmente. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica establecen que la etiqueta debe figurar en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. En Aragón, la tasa administrativa debe abonarse previamente a la obtención de la etiqueta definitiva, un trámite que nuestros técnicos realizan habitualmente de forma telemática para agilizar la entrega al propietario.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para los propietarios que no cumplan con la obligación del certificado energético. En un municipio como Fiscal, donde el mercado de segundas residencias y alquiler vacacional es relevante, las inspecciones pueden derivar en multas que varían según la gravedad: las leves (300€ a 600€) por no mencionar la calificación en anuncios; las graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del informe. Además de la sanción económica, la ausencia del CEE puede paralizar la firma ante notario de una compraventa o ser motivo de rescisión de un contrato de alquiler por parte del inquilino, afectando directamente a la seguridad jurídica de la transacción.