El parque de viviendas de Boltaña, compuesto por unas 988 unidades, es heterogéneo. Encontramos un casco histórico con edificios de piedra y muros de gran espesor que, aunque tienen mucha inercia térmica, suelen carecer de aislamiento moderno, situándose habitualmente en las letras E o F. Por otro lado, las construcciones posteriores al año 2007, que ya cumplían con el Código Técnico de la Edificación, suelen alcanzar niveles D o C. Para mejorar la nota en esta zona climática D1, las recomendaciones más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas por vidrios bajo emisivos con rotura de puente térmico y la mejora del aislamiento en bajocubiertas, algo crucial en una localidad donde las temperaturas invernales son muy bajas. Una calificación B o A es poco común salvo en rehabilitaciones integrales o obra nueva con aerotermia.
El marco legal principal es el RD 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En Aragón, el organismo encargado de la gestión es el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, dependiente del Departamento de Industria. Es obligatorio que el certificado esté registrado para que tenga validez legal ante notario en una compraventa o para depositar la fianza en un alquiler. La etiqueta entregada por la administración de Aragón incluye el número de registro, el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Este proceso garantiza que la información proporcionada al consumidor sea veraz y esté supervisada por las autoridades competentes del Gobierno de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Boltaña cuando es obligatorio puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar la venta de un piso sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300 a 600 euros. Las graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden ascender hasta los 1.000 euros. En el caso de Boltaña, con un mercado creciente de alquiler turístico y residencial, las inspecciones de consumo y los portales inmobiliarios como Idealista filtran cada vez más los anuncios sin etiqueta, lo que puede suponer la retirada del anuncio o bloqueos administrativos. Es un trámite económico que evita riesgos legales y financieros desproporcionados.