El parque de viviendas de Cella, compuesto por unas 1.764 unidades, presenta una tipología mixta. Encontramos un núcleo urbano histórico con viviendas unifamiliares de muros de carga de gran espesor y edificios de construcción más reciente (años 80 y 90). Debido a la zona climática D3, donde el frío invernal es intenso, los inmuebles construidos antes del Código Técnico de la Edificación de 2006 suelen obtener calificaciones entre la E y la G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en fachadas y a ventanas de vidrio sencillo. Para mejorar esta letra y alcanzar una C o B, las intervenciones más efectivas en Cella suelen ser el trasdosado interior con lana de roca, el cambio a carpinterías con rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil antiguas por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en este entorno rural.
El marco legal que regula el CEE Cella es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión corresponde a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. El registro oficial es el paso final indispensable para que el certificado tenga validez legal ante notario o en contratos de arrendamiento. Una vez el técnico registra el archivo XML generado, la administración emite la etiqueta energética, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos registros cumplan con los estándares de calidad europeos para la descarbonización del parque edificado.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas tipifica las sanciones por carecer del certificado energético Cella cuando este es preceptivo. Las multas pueden oscilar entre los 300€ para infracciones leves (como no exhibir la etiqueta en anuncios de Idealista o Fotocasa) hasta los 6.000€ para infracciones muy graves (falsear el resultado). En Cella, con un mercado de alquiler activo para trabajadores de la zona y ventas residenciales, los notarios y registradores de la propiedad exigen el certificado vigente para autorizar cualquier escritura pública. No disponer de él puede paralizar una venta o permitir que el inquilino resuelva el contrato de alquiler por incumplimiento de los requisitos de información al consumidor.