El parque de viviendas en Castillonroy, compuesto por 309 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de casas de pueblo unifamiliares y algunas construcciones de baja densidad. Gran parte de estas edificaciones fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas entre la E y la G.
Dada la zona climática B3-C2, las viviendas que no han sido rehabilitadas suelen presentar fugas de calor significativas. Para mejorar la letra en la escala energética y alcanzar una D o C, las recomendaciones técnicas más habituales en la zona incluyen el trasdosado de muros con aislante mineral y la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas de rotura de puente térmico con doble acristalamiento. Una calificación más alta no solo reduce las facturas de energía, sino que incrementa el atractivo del inmueble en portales inmobiliarios.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por las directrices de la Comunidad Autónoma de Aragón. En esta región, el organismo encargado de gestionar los certificados es la Dirección General de Energía y Minas, perteneciente al Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
El registro es estrictamente telemático. Una vez finalizado, el propietario recibe un resguardo de presentación y, posteriormente, la etiqueta energética oficial que contiene el número de registro y el código de verificación. Esta etiqueta es el documento que se debe incluir obligatoriamente en cualquier anuncio publicitario. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que el proceso cumpla con los estándares de ahorro de energía europeos.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para quienes omitan el certificado energético en Castillonroy. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
En una localidad con un mercado inmobiliario tranquilo pero vigilado, como Castillonroy, el riesgo de sanción administrativa supera con creces el bajo coste de tramitar el certificado correctamente a través de un servicio profesional.