De acuerdo con el RD 390/2021, el certificado debe ser realizado obligatoriamente por un técnico competente con titulación habilitante, como arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales o ingenieros técnicos. En Casas de Haro, contamos con una red de profesionales colegiados que realizan la inspección al inmueble obligatoria, donde se miden cerramientos, se analizan sistemas de climatización y se comprueban las orientaciones de la vivienda. No confíe en ofertas que no incluyan la visita física, ya que el documento carecería de validez legal y podría acarrear sanciones graves tanto para el técnico como para el propietario. La profesionalidad de un técnico local asegura que las particularidades constructivas de la zona de Cuenca sean correctamente valoradas.
El municipio de Casas de Haro cuenta con un parque de aproximadamente 655 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de arquitectura tradicional y viviendas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Debido a esto, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Los edificios más antiguos suelen presentar deficiencias en el aislamiento de fachadas y cubiertas, además de carpinterías de madera o aluminio sencillo. Sin embargo, en las rehabilitaciones recientes o viviendas posteriores al Código Técnico de la Edificación de 2007, las calificaciones suelen mejorar hacia la letra D o C. Para subir de letra en esta zona climática D3, recomendamos la instalación de calderas de biomasa, la mejora del aislamiento insuflado en cámaras de aire y la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos.
La normativa que regula la certificación energética en el ámbito nacional es el Real Decreto 390/2021, pero la gestión administrativa recae sobre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Registro de Certificados de Eficiencia Energética es el órgano encargado de supervisar y otorgar la etiqueta oficial. En esta comunidad, la tramitación es obligatoria para todos los certificados, y la tasa administrativa para una vivienda unifamiliar o piso se sitúa en torno a los 16,32 euros. Este registro permite a la administración y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevar un control estadístico del parque edificado. Una vez registrado, el certificado tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Casas de Haro, la ausencia del certificado en anuncios de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa puede derivar en multas leves de entre 300 y 600 euros. Si se vende o alquila una propiedad sin entregar el certificado original al nuevo usuario, la infracción se considera grave, con multas que alcanzan los 1.000 euros. En casos de falsificación o fraude, las sanciones muy graves pueden llegar hasta los 6.000 euros. Además de la multa económica, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la escritura de compraventa podría enfrentar problemas registrales. Contratar un certificado oficial es la mejor inversión para evitar estos riesgos legales.