El parque inmobiliario de Casas de Guijarro, compuesto por unas 112 unidades, presenta una tipología predominantemente de viviendas unifamiliares y construcciones tradicionales de baja altura. Gran parte de estas viviendas fueron construidas antes de las normativas de aislamiento modernas (como el CTE de 2006 o la NBE-79), lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G.
Dada la zona climática D3, las viviendas suelen carecer de aislamiento en cámaras de aire y cuentan con carpinterías metálicas sencillas. Para mejorar la letra, las recomendaciones más efectivas en esta zona son el trasdosado interior de muros, el cambio de ventanas a modelos con rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil antiguas por sistemas de biomasa o aerotermia, que se adaptan perfectamente al entorno rural.
En Castilla-La Mancha, el registro de certificados se gestiona a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible. El cumplimiento del RD 390/2021 es estricto en toda la comunidad autónoma, obligando a registrar cada informe para que tenga validez legal. Sin el justificante de registro y la etiqueta oficial, el certificado no es válido para su presentación ante notaría o para ser publicado en portales inmobiliarios.
La etiqueta emitida por la administración autonómica tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos procesos garanticen la transparencia informativa para los consumidores finales en Casas de Guijarro.
No disponer del CEE Casas de Guijarro al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones leves, como publicitar un inmueble sin mencionar su calificación, pueden conllevar multas de 300 a 600 euros. Las graves, como vender o alquilar sin entregar el certificado al nuevo propietario, pueden alcanzar los 1.000 euros.
En el caso de infracciones muy graves, como falsear el resultado del certificado, las multas pueden ascender hasta los 6.000 euros. Además de la sanción económica, la ausencia de este documento puede paralizar una venta en notaría o invalidar un contrato de arrendamiento ante la administración regional.