Bohoyo, con un parque de 788 viviendas, presenta una tipología predominantemente rural y residencial unifamiliar. Gran parte de sus construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Estos inmuebles, a menudo construidos con muros de piedra o ladrillo sin cámara de aire, sufren pérdidas térmicas considerables. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas recientemente o de obra nueva post-2007 suelen alcanzar niveles D o C. Para mejorar la letra en esta zona de Ávila, las intervenciones más efectivas suelen ser el cambio de ventanas por vidrios bajo emisivos con rotura de puente térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en núcleos rurales.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por las directrices de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de gestionar los certificados es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), ubicado en León pero con jurisdicción sobre toda la comunidad. El registro CEREN es el portal telemático donde se inscriben los informes para obtener la etiqueta oficial. Es obligatorio que el certificado esté debidamente registrado para que tenga validez legal ante notarios y portales inmobiliarios. La normativa exige además que la etiqueta sea visible en cualquier anuncio de venta o alquiler, citando la eficiencia de la vivienda en términos de consumo (kWh/m² año) y emisiones (kg CO2/m² año), según las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica.
Carecer del certificado energético en Bohoyo cuando existe obligación legal puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear los datos del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
Más allá de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, generando un problema legal mayor para el propietario.