Bardallur cuenta con un parque de unas 229 unidades residenciales, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional y algunas rehabilitaciones recientes. Debido a la antigüedad de gran parte de las construcciones (anteriores al CTE de 2006), la calificación energética más habitual en la zona suele oscilar entre las letras E y G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en muros de fachada y al uso de carpinterías metálicas sencillas. Sin embargo, en viviendas que han sustituido sus ventanas por sistemas de PVC con rotura de puente térmico o han instalado calderas de condensación de alta eficiencia, es posible alcanzar una calificación D. Para mejorar la nota en esta zona climática D3, las intervenciones más rentables suelen ser el trasdosado de muros con lana de roca y la mejora de los sistemas de generación de calor, reduciendo así drásticamente las emisiones de CO2 y el gasto en la factura energética.
El marco legal que regula la certificación energética en España es el Real Decreto 390/2021. En el ámbito autonómico, el registro oficial es competencia del Gobierno de Aragón, que supervisa la veracidad de los datos volcados en el sistema. Una vez finalizado el informe por el técnico, este debe inscribirse telemáticamente para obtener la validez legal necesaria. La etiqueta energética resultante es el documento que el notario exigirá en el momento de la firma de una escritura de venta o el que deberá adjuntarse en un contrato de arrendamiento en Bardallur. Las fuentes oficiales, como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica, subrayan que el registro es obligatorio y que no disponer de él puede paralizar cualquier operación inmobiliaria en la provincia de Zaragoza.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto respecto a la eficiencia energética. En Bardallur, no disponer del certificado vigente al anunciar una vivienda en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear multas leves de 300 a 600€. Si se realiza una venta sin entregar el certificado al comprador, la infracción se considera grave, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000€. En casos de falsedad documental, las multas muy graves llegan hasta los 6.000€. Además de la sanción económica, el vendedor se expone a que el contrato de compraventa sea impugnado por el comprador. En un mercado como el de Zaragoza, donde el control administrativo sobre el alquiler residencial es creciente, disponer del CEE en vigor es la mejor garantía de seguridad jurídica para el propietario.