Arévalo de la Sierra cuenta con un parque inmobiliario de aproximadamente 139 viviendas, caracterizado por una tipología mayoritariamente de viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional soriana y algunas construcciones más recientes. Debido a que gran parte del parque fue construido antes de la normativa de aislamiento de 1979, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Las casas de piedra con muros anchos ofrecen buena inercia térmica, pero suelen fallar en la estanqueidad de las ventanas y en la eficiencia de las calderas antiguas de gasóleo o leña. Para mejorar la letra en esta zona D3, las recomendaciones técnicas suelen centrarse en el trasdosado de muros exteriores y la sustitución de cerramientos por carpinterías de rotura de puente térmico con vidrios bajo emisivos.
La normativa que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, mientras que en nuestra comunidad la gestión depende del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). El registro es obligatorio para que el certificado tenga validez legal ante notario o en contratos de arrendamiento. Una vez tramitado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es responsabilidad del propietario mantener este documento en vigor y entregarlo al nuevo adquirente o arrendatario, siguiendo las directrices del IDAE.
No disponer del certificado energético Arévalo de la Sierra cuando se publicita un inmueble puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de entre 300€ y 600€. Las infracciones muy graves, como falsear el resultado de la certificación, pueden alcanzar los 6.000€. En una localidad con viviendas destinadas en ocasiones al turismo rural o segunda residencia, el control administrativo es riguroso en portales inmobiliarios para asegurar que el consumidor final reciba información veraz sobre el consumo de energía y las emisiones de CO2 del edificio.