El parque de viviendas de Antillón, compuesto por aproximadamente 59 unidades, presenta características propias de los núcleos rurales oscenses. La mayoría son viviendas unifamiliares de construcción tradicional, con muros de carga de gran espesor pero, en muchos casos, carentes de aislamiento térmico moderno en cámaras o cubiertas. Debido a su ubicación en la zona climática D1, las calificaciones más frecuentes oscilan entre la E y la G para edificios construidos antes de 1980. En estas viviendas, las mejoras que más impacto tienen en la etiqueta energética son la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, así como la instalación de sistemas de calefacción mediante biomasa (pellets), muy eficiente en entornos rurales. Una vivienda rehabilitada en Antillón podría alcanzar fácilmente una letra C o D, reduciendo significativamente el gasto en calefacción durante el invierno.
La normativa que regula el certificado energético en Antillón es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por la gestión autonómica del Gobierno de Aragón. El órgano encargado es la Dirección General de Energía y Minas, a través del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Aragón. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en este registro para que tenga validez legal ante cualquier transacción. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Toda la tramitación sigue las directrices del IDAE y del Ministerio para la Transición Ecológica, asegurando que los datos de consumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2 sean veraces y comparables.
No disponer del certificado energético en Antillón al anunciar un inmueble puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar anuncios sin mencionar la calificación energética o no renovar el certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
Más allá de la multa, la falta de este documento puede paralizar una venta en notaría o dar pie a la rescisión del contrato de alquiler por parte del inquilino, especialmente en un mercado cada vez más concienciado con el ahorro energético.