El parque de viviendas de Amusco, compuesto por unas 397 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional y algunas construcciones de mediados del siglo XX. Debido a su ubicación en la zona climática D1, caracterizada por inviernos rigurosos, la mayoría de los inmuebles antiguos suelen obtener una calificación energética E, F o G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en muros de carga y a ventanas de vidrio sencillo. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas recientemente o aquellas construidas bajo el Código Técnico de la Edificación de 2007 pueden alcanzar niveles D o C. Para mejorar la letra en Amusco, las acciones más eficaces suelen ser el trasdosado de muros con aislamiento de lana de roca y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en entornos rurales.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Junta de Castilla y León. Es este organismo el encargado de custodiar el registro y supervisar que los certificados se realicen conforme a la ley. Una particularidad importante es que en Castilla y León la inscripción es obligatoria para que el certificado tenga validez legal ante notario. El propietario es el responsable de solicitar el registro, aunque habitualmente nuestros técnicos realizan este trámite de forma delegada para mayor comodidad del cliente. La fuente oficial para cualquier consulta normativa es el portal de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León y las directrices del IDAE.
No disponer del certificado energético en Amusco puede acarrear graves consecuencias económicas y legales. Según la Ley 8/2013, las infracciones se dividen en tres niveles: las leves, con multas de 300€ a 600€ (por ejemplo, publicitar un alquiler sin mencionar la calificación); las graves, con sanciones de 601€ a 1.000€ (vender o alquilar sin entregar el certificado); y las muy graves, que pueden alcanzar los 6.000€ (falsear el resultado del certificado). Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría bloquearse en la notaría. Dada la creciente digitalización, portales inmobiliarios y organismos de control detectan automáticamente las viviendas que carecen de este código oficial.