El parque de viviendas de Víllora, compuesto por aproximadamente 307 unidades, presenta características propias de los núcleos rurales de Castilla-La Mancha. Gran parte de las construcciones son anteriores al año 1980, lo que implica que carecen de los aislamientos térmicos exigidos por normativas modernas como el CTE. En estos casos, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G.
Dada la zona climática D3 de Víllora, los inviernos son rigurosos, lo que penaliza el consumo en calefacción si las ventanas no disponen de rotura de puente térmico o si los muros de piedra no tienen trasdosados aislantes. Para mejorar la letra en el certificado, las recomendaciones más efectivas en la zona suelen ser la sustitución de calderas antiguas por sistemas de biomasa o aerotermia, y la mejora de la envolvente térmica en cubiertas y fachadas.
El registro del certificado energético en Víllora se realiza a través del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha, gestionado por la Dirección General de Transición Energética. Este trámite es indispensable; un certificado sin registrar no tiene validez legal para contratos de compraventa o arrendamiento. El proceso se ampara en el RD 390/2021, que unifica los criterios a nivel nacional pero permite a las comunidades autónomas gestionar sus propios registros y tasas.
Al finalizar el registro, se obtiene la etiqueta energética, un distintivo que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario del inmueble. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica recalcan que este documento tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años.
No disponer del certificado energético en Víllora al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética o no renovar el certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar sin entregar el certificado oficial al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin tener la titulación requerida.
En una localidad con un mercado de segunda residencia y alquiler vacacional, la vigilancia administrativa es creciente, por lo que es fundamental contar con la documentación en regla antes de iniciar cualquier operación inmobiliaria.