Villaturiel presenta un parque inmobiliario compuesto mayoritariamente por 1.231 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares y construcciones de baja densidad. Dado que una parte significativa del municipio fue edificada antes de la entrada en vigor del CTE de 2006, la calificación energética más habitual oscila entre las letras E y G. Las viviendas de los años 80 y 90 suelen presentar carencias en puentes térmicos, lo que penaliza la nota final. Para mejorar la letra en esta zona climática C1, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislante térmico y la sustitución de calderas de gasóleo por sistemas de aerotermia o biomasa, capaces de reducir el consumo de energía primaria en más de un 30%.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae en el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que administra el CEREN (Registro de Certificaciones Energéticas de Edificios de Castilla y León). Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito para que la etiqueta energética tenga validez legal ante notarios y portales inmobiliarios. Una vez registrado, el documento tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una 'G', en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan la importancia de este registro para el seguimiento de los objetivos de descarbonización 2030.
No disponer del certificado energético para anunciar la venta o alquiler de una vivienda en Villaturiel puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones leves, como publicitar un inmueble en Idealista o Fotocasa sin mencionar la calificación, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender una propiedad sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que el falseamiento de datos se considera infracción muy grave con multas de hasta 6.000€. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino por falta de información esencial sobre los gastos de suministros esperados.