El parque de viviendas en Villarroya de los Pinares, compuesto por aproximadamente 210 unidades, se caracteriza por una predominancia de construcciones de arquitectura tradicional y viviendas unifamiliares de muros de carga de gran espesor. Gran parte de estas edificaciones son anteriores a la normativa térmica de 1979, lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Al estar en una zona climática C2, la demanda de calefacción es muy elevada durante los meses de invierno. Los inmuebles rehabilitados recientemente que han incorporado aislamiento en cubiertas o sustitución de carpinterías por rotura de puente térmico pueden alcanzar una letra D. Para mejorar la eficiencia en esta zona, las medidas más efectivas suelen ser el trasdosado de muros interiores y la instalación de calderas de biomasa o aerotermia, dada la disponibilidad de recursos forestales en la zona.
El marco legal que regula la certificación en esta localidad es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y las directrices de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es imperativo que todo certificado sea inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón, gestionado por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Sin este registro, el certificado carece de validez legal para ser presentado ante notaría. La tasa administrativa actual para una vivienda unifamiliar ronda los 23,49€. El cumplimiento de estas normas es supervisado por el IDAE y los organismos autonómicos, asegurando que la información de consumo de energía y emisiones de CO2 proporcionada al consumidor sea veraz y transparente.
No disponer del certificado energético en Villarroya de los Pinares cuando es legalmente exigible puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta de una vivienda sin mencionar su calificación, suponen multas de entre 300€ y 600€. Las infracciones graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que las muy graves (falsificar datos) llegan hasta los 6.000€. Además de la multa, el contrato de alquiler podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría paralizarse en la notaría. Dada la baja inversión que supone el trámite frente al riesgo legal, es altamente recomendable tenerlo en vigor antes de publicar cualquier anuncio en portales inmobiliarios.