El parque de 939 viviendas en Santas Martas presenta una tipología mixta, predominando la vivienda unifamiliar en el núcleo rural. Una gran parte de estas construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre la E y la G. Estas viviendas suelen presentar puentes térmicos en carpinterías y falta de aislamiento en cubiertas. Por otro lado, las rehabilitaciones recientes o viviendas construidas bajo el CTE tras 2007 suelen alcanzar letras D o C. Para mejorar la eficiencia en esta zona C1, las medidas más efectivas suelen ser el cambio de calderas de gasoil por biomasa o aerotermia, y el trasdosado de muros con aislamiento mineral, lo que puede subir hasta dos letras en la escala de eficiencia.
En la comunidad autónoma de Castilla y León, el registro de estos documentos es gestionado por el EREN (Ente Regional de la Energía). El cumplimiento del RD 390/2021 es estricto, obligando a registrar el certificado para que la etiqueta tenga validez jurídica. La administración autonómica realiza inspecciones aleatorias para verificar la veracidad de los datos volcados en el registro. Es importante recordar que la etiqueta entregada debe incluir el número de registro oficial. Fuentes como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que el certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto si la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años.
Vender o alquilar una vivienda en Santas Martas sin disponer del certificado energético en vigor puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por anunciar sin la etiqueta; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o inquilino; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información. Además de la sanción económica, la falta del CEE puede paralizar la firma ante notario o permitir al inquilino rescindir el contrato de arrendamiento por incumplimiento de los requisitos legales de habitabilidad y transparencia informativa.