Según lo establecido en el RD 390/2021, el certificado debe ser realizado por un técnico competente que posea la titulación académica necesaria para la redacción de proyectos o dirección de obras. En Salamanca, este perfil corresponde habitualmente a arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales o ingenieros técnicos debidamente colegiados. Es fundamental que el profesional realice una inspección al inmueble presencial para realizar la toma de datos: medición de estancias, comprobación de cerramientos, ventanas, orientación y sistemas de climatización (caldera, aire acondicionado). Solo un técnico con experiencia en el parque inmobiliario salmantino podrá emitir recomendaciones de mejora realistas que ayuden a subir la letra de la etiqueta energética, optimizando así el confort térmico de la vivienda.
El parque de viviendas de Salamanca, compuesto por 98.641 unidades, presenta una gran diversidad. En el casco histórico y barrios consolidados como Garrido o Pizarrales, predominan edificios construidos entre 1960 y 1980, cuya calificación energética más frecuente se sitúa entre las letras E y G. Esto se debe a la ausencia de aislamiento en cámaras de aire y al uso de carpinterías metálicas sencillas. Por el contrario, las nuevas promociones en zonas como el Zurguén o la zona universitaria suelen alcanzar letras B o C. Al estar Salamanca en una zona climática D3, las mejoras que más impacto tienen en la nota final son la instalación de sistemas SATE (aislamiento exterior), el cambio a ventanas con rotura de puente térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o calderas de condensación de alta eficiencia.
La normativa que regula la eficiencia energética en España es el RD 390/2021, pero la gestión administrativa recae sobre la Junta de Castilla y León. El organismo encargado es el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, dependiente de la Dirección General de Energía y Minas. Es obligatorio inscribir el certificado una vez redactado para que este tenga validez legal ante terceros. La tasa administrativa actual para una vivienda individual es de 29,10 euros. Una vez completado el registro, se obtiene la etiqueta energética, que incluye el número de registro y la fecha de validez (generalmente 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso es de 5 años). Este proceso cumple con las directrices del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético vigente en Salamanca puede acarrear graves consecuencias económicas y legales. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las sanciones se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€ por anunciar un piso sin la etiqueta), graves (601€ a 1.000€ por vender o alquilar sin entregar el certificado) y muy graves (1.001€ a 6.000€ por falsear la información). Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler puede ser impugnado por el comprador o inquilino al incumplir un requisito legal obligatorio. En una ciudad con un mercado de alquiler tan dinámico como Salamanca, debido a su población universitaria, el control administrativo sobre la veracidad de las etiquetas energéticas es cada vez más estricto.
Además del certificado de eficiencia energética, muchos propietarios en Salamanca deben cumplir con la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria para inmuebles de más de 40 años según la ordenanza municipal. También es frecuente la solicitud del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) cuando se desean solicitar subvenciones para la rehabilitación energética. Aunque Castilla y León no exige una cédula de habitabilidad independiente como otras comunidades, el cumplimiento de las normas de habitabilidad es intrínseco a la licencia de primera ocupación. Realizar el CEE junto con otros informes técnicos puede suponer un ahorro de tiempo y costes profesionales.