El parque de viviendas en Rillo, compuesto por unas 117 unidades, refleja la arquitectura tradicional de la provincia de Teruel. La mayoría son viviendas unifamiliares de muros de piedra o ladrillo antiguo, muchas de ellas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Por ello, la calificación más frecuente en la zona suele situarse entre las letras E y G. Los inmuebles en Rillo se enfrentan a una zona climática B3-C2, lo que implica una demanda de calefacción elevada durante casi seis meses al año. Para mejorar la letra en la etiqueta, las recomendaciones técnicas suelen centrarse en la sustitución de ventanas antiguas por vidrios con rotura de puente térmico y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
En Aragón, el registro de certificados energéticos es un trámite obligatorio gestionado por la Dirección General de Energía y Minas. El incumplimiento de este registro impide que el certificado tenga validez legal para una compraventa o alquiler. El marco normativo estatal lo dicta el RD 390/2021, pero la comunidad autónoma establece sus propios protocolos de inspección y control documental. Al finalizar el trabajo, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos procesos cumplan con los objetivos de descarbonización del parque edificatorio español para 2050.
Vender o alquilar una vivienda en Rillo sin disponer del certificado energético vigente puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar el anuncio en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin titulación.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría sufrir retrasos significativos en la notaría.