El parque inmobiliario de Quiroga, compuesto por más de 3.000 unidades, presenta una tipología mixta entre viviendas unifamiliares de piedra o ladrillo en las zonas rurales y bloques de pisos de los años 70, 80 y 90 en el centro urbano. Debido a la zona climática C1, la mayoría de los inmuebles construidos antes del Código Técnico de la Edificación de 2006 suelen obtener una calificación E o F. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en fachadas y al uso de calderas de gasóleo o termos eléctricos antiguos. Para mejorar la letra en Quiroga, las intervenciones más efectivas suelen ser el cambio de ventanas por unas con rotura de puente térmico y la sustitución de sistemas de calefacción por aerotermia o biomasa, muy comunes en el interior de Galicia.
La normativa que regula el certificado de eficiencia energética en Quiroga se apoya en el marco estatal del RD 390/2021 y en las directrices de la Comunidad Autónoma de Galicia. El organismo encargado de gestionar el registro es el INEGA (Instituto Enerxético de Galicia). Una vez que el técnico colegiado registra el informe, la Xunta emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es imperativo que el número de registro aparezca en cualquier anuncio publicitario en portales inmobiliarios, tal como exige el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El incumplimiento de este registro impide la formalización legal de contratos de compraventa o alquiler.
No disponer del certificado energético en Quiroga cuando es obligatorio conlleva riesgos legales y financieros importantes bajo la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por anunciar un piso sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o inquilino; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información del certificado. En una localidad con un mercado de alquiler activo y viviendas de uso turístico en auge por su cercanía a la Ribeira Sacra, las inspecciones son cada vez más frecuentes. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser declarado nulo, obligando al propietario a indemnizar al inquilino por daños y perjuicios.